A federal judge Monday said he would need more time to review a request for a preliminary injunction barring District Attorney Steve Cooley from retaliating against prosecutors who joined the union.
The hearing was held in response to a lawsuit the 300-member Association of Deputy District Attorneys filed against Cooley alleging he retaliated against veteran prosecutors by transferring them to assignments in remote parts of the county, increased their health insurance payments, demoted them and downgraded their performance evaluations.
Saying he didn't think it was a coincidence that experienced prosecutors were transferred to remote parts of the county and to juvenile court assignments, U.S. District Court Judge Otis D. Wright II said he was inclined to issue the injunction. But he took the matter "under submission" while he reviewed county ordinances pertaining to the health benefits issue.
Los Angeles attorney David Wilson, Cooley's attorney, said there is no factual basis for the judge to issue the injunction.
"I've been to a lot of hearings and judges say a lot of things from the bench," Wilson said. "He did ask for additional information, which is an indication that he hasn't made up his mind yet so we are looking forward to a favorable outcome."
At the hearing, Wilson said the transfers were made in accordance with office policies. But Judge Wright questioned the motive of the transfers.
"Is it just coincidence that we have experienced deputies suddenly finding themselves in Pomona or at Los Padrinos (Juvenile Hall)?" Wright asked. "Is it just a co-inkydink?"
"Well, your honor, I don't know if I'd quite express it that way, but I think the needs of the District Attorney's Office require that senior attorneys be transferred around quite a bit and in this situation it happens they are also active in the negotiating team for the ADDA," Wilson said. "But those two facts are not enough to show there is a bad motive for the transfers."
The dust-up between the prosecutor's union and the D.A.'s Office comes as Cooley recently announced he's considering running for attorney general.
But ADDA President Steve Ipsen said the lawsuit is not about politics, but rather helping prosecutors focus on putting criminals behind bars.
"All I want to think about - all every deputy D.A. in my office wants to think about - is protecting public safety," Ipsen said.
"That's why we took this job. We want to think about nothing else than seeking justice, prosecuting criminals, seeking the truth and protecting our families and your families."



Angeles County District Attorney Steve Cooley
Ojos juez medidas cautelares contra los D.A. Por Troy Anderson, Redactor del Servicio Noticioso Actualizado: 02/22/2010 08:16:24 PM PST
Un juez federal el lunes dijo que necesitaría más tiempo para examinar una solicitud de una orden preliminar de restricción fiscal del distrito, Steve Cooley, de tomar represalias contra los fiscales que se unieron al sindicato. La audiencia se celebró en respuesta a una demanda de los 300 miembros de la Asociación de Fiscales de Distrito Adjunto presentada contra Cooley alegando que tomó represalias contra los fiscales veterano por su transferencia a las cesiones en zonas remotas de la provincia, aumentaron sus pagos de seguro de salud, degradado ellos y redujo sus evaluaciones de desempeño. Diciendo que no creía que fuera una coincidencia que los fiscales experimentados fueron trasladados a lugares remotos de la provincia ya las cesiones tribunal de menores, EE.UU. Juez de Distrito de Otis D. Wright II dijo que estaba dispuesto a emitir la orden judicial. Pero se tomó el asunto "en virtud de la presentación", mientras que revisó las ordenanzas del condado en relación a la cuestión de beneficios de salud. De Los Angeles el abogado David Wilson, abogado Cooley, dijo que no hay base objetiva para el juez para que emita la orden judicial. "He estado en muchos de las audiencias y los jueces dicen muchas cosas desde el banco," dijo Wilson. "Lo hizo solicitar información adicional, que es una indicación de que no ha tomado una decisión todavía, así que estamos esperando un resultado favorable." En la audiencia, Wilson dijo que las transferencias se realizaron de conformidad con las políticas de la oficina. Pero el juez Wright cuestionó el motivo de las transferencias. "¿Es sólo una coincidencia que hemos experimentado de repente los diputados que se encuentren en Pomona o en Los Padrinos (Juvenile Hall)? "Wright preguntó." ¿Es sólo un co-inkydink? " "Bueno, su señoría, no sé si había bastante expresarlo de esa manera, pero creo que las necesidades de la Oficina del Fiscal de Distrito requiere que los abogados de alto nivel se transfieren alrededor de todo un poco y en esta situación ocurre también son activamente en el equipo de negociación para la ADDA, "dijo Wilson. "Pero estos dos hechos no son suficientes para demostrar que existe un mal motivo de las transferencias". La disputa entre el sindicato de la fiscalía y la Fiscalía de Distrito se presenta como Cooley anunció recientemente que está considerando postularse para fiscal general. Pero ADDA presidente Steve Ipsen dijo que la demanda no se trata de la política, sino de ayudar a los fiscales se centran en poner criminales tras las rejas. "Todo lo que quiero pensar - todo, cada DA diputado en mi oficina quiere pensar - es proteger la seguridad pública", Ipsen dijo. "Es por eso que tomé este trabajo. Queremos pensar en otra cosa que la búsqueda de la justicia, la persecución de los criminales, que buscan la verdad y proteger a nuestras familias y de sus familias".